El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, decidió que el peligroso vándalo identificado como Osvaldo N.M. quién dejó algunas bombas molotov en una plaza comercial de Ciudad Juárez, sería acusado de terrorismo.
Esto fue aceptado por el juez de control, sin embargo, aunque tienen toda la razón en esos cargos, nadie se explica cómo es que los grupos criminales que atacan a la población civil, como lo que ocurrió el pasado 1 de enero y meses antes en donde asesinaron a trabajadores de Mega Radio en aquella frontera, no enfrentan ese tipo de cargos.
El tema puede dejar un largo pergamino de discusión sobre el terrorismo, pero deja muchas dudas sobre el actuar de las autoridades federales, pues regresamos a la justicia selectiva, es decir, cuando se trata de hechos aislados no relacionados con los grupos de la delincuencia organizada, sí se pueden considerar como actos terroristas, pero cuando se tocan los intereses del narcotráfico, entonces son sólo acusaciones penales de carácter particular y dejan de lado el terrorismo, aunque sus actos generen terror en la población civil que se siente vulnerable ante esas oleadas violentadas contra los inocentes.
Bien lo dicen los mañosos de la política, las leyes y los códigos penales se hicieron para castigar a conveniencia, y es justo lo que la Federación está haciendo con este tipo de actividades, en donde, ante los ojos del mundo, México pasa por una grave crisis de terrorismo por parte de los cárteles de la droga, pero las autoridades mexicanas se resisten a aceptarlo sólo por intereses políticos y electorales.
Claro, no sería conveniente que Andrés Manuel López Obrador sea quien acepte este concepto ante los embates criminales contra la población civil, pues dejaría marcado su gobierno como el sexenio en donde inició el terrorismo, aunque todos sabemos que el problema viene desde Felipe Calderón y paso ignorado con Peña Nieto. Aquí ya no es un asunto de partidos, porque los azules, el tricolor y ahora los guindas, quedan embarrados por igual.
Da miedo saber que esto es apoyado por la propia sociedad, que indirectamente fomenta la actividad criminal con sus propios hijos y desde sus casas, alimentando la narco cultura, que en el caso de Chihuahua, se ha venido burlando de los gobiernos locales, como es el caso de lo que pasa en la Feria Santa Rita, en donde los músicos reciben sin problema alguno los permisos para venir a mofarse del alcalde Marco Bonilla, que por medio de la Subdirección de Gobernación impuso ridículas sanciones para quienes enaltecen a los narcos.
Si bien es cierto, las sanciones se han aplicado conforme al reglamento municipal, pero el presidente municipal no ha sabido poner un alto, tal vez porque sólo le interesa cobrar las multas, que los artistas pagan con el cambio del cenicero, pues apenas rosan el millón de pesos aún y cuando las taquillas les dejan muchísimos más que eso.
No existe algún veto o prohibición de tajo para la presentación de esos artistas de moda que han alcanzado ya, con sus maliciosos tentáculos, a la niñez chihuahuense; niños de hasta 5 y 6 años que cantan alegres los himnos a los narcos que esos cantantes gritan desafinados muy alegres ante la aprobación de todos aquellos que tienen por objetivo de vida, el oficio de criminales.
Así podremos seguir, cobrando multas por romper el reglamento, al cabo, las reglas se hicieron para romperse, sobretodo quienes tienen con qué pagarlo, sin importar que se esté creando una generación de sicarios en potencia.
Vergüenza debe darle también al Patronato de la Feria Santa Rita, que, a nombre de la patrona de Chihuahua, y lo que debería de ser una fiesta alegre, pero religiosa y de agradecimiento y concientización, resulta más, una fiesta de alabanza a la delincuencia, que mantiene las calles de Chihuahua teñidas de rojo.