La diputada Isela Martínez Díaz lamentó la aprobación en lo general del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2024, ya que no se encuentra encaminado a atender las necesidades de los mexicanos, sino a cumplir la visión del Presidente Andrés Manuel López Obrador para catapultar su movimiento político.

La legisladora de Acción Nacional señaló que dentro de este dictamen se contempla un recorte a las entidades federativas y a los municipios por 7 mil 189 millones de pesos, lo que limita el actuar de los gobiernos locales, ya que son ellos los que tienen el pulso en sus estados y ayuntamientos, lo que limita su actuación para asegurar el desarrollo social y económico.

Diputados federales de MORENA reconocen que los estados y los municipios perderán recursos, pero aseguran que se beneficiarán con un programa carretero a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Sin embargo, este recurso se utilizará de forma discrecional por dicha dependencia, sin tener reglas claras de cómo ejercerlo y obligando a los gobiernos locales a pedir la autorización e intervención de la Federación para asegurar cualquier proyecto.

Además de los recortes para los estados y municipios, el Poder Judicial sufrirá un recorte por 6,465 millones de pesos. Además, para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la reducción es de 767 millones de pesos y al Instituto Nacional Electoral ( INE) de 5,000 millones de pesos.

Isela Martínez comentó que MORENA abrió la puerta a crear un fondo para apoyar la reconstrucción de Acapulco, pero la oposición alertó que se requieren recursos presupuestales y no vía remanentes, por lo que esperan que existan reservas a estas pretensiones. Agregó que es vital que las y los diputados federales por Chihuahua, de todas las fuerzas políticas, vean por el bien del estado y no de un proyecto político.

Finalmente, expresó  que este presupuesto no refleja las necesidades de México y, a pesar de que la premisa de MORENA es “primero los pobres”, su contenido no responde a acciones concretas para atender la pobreza, sino una alarmante cantidad de recursos que se utilizarán de manera discrecional, previo a un año electoral.