La reforma al Código Penal busca evitar que se borren o destruyan elementos que permitan identificar al propietario de un animal involucrado en un delito; la pena será de uno a cinco años de prisión y aumentará hasta en una tercera parte cuando participe una persona servidora pública.

La 68 Legislatura del Congreso de Chihuahua, reformó el Código Penal del Estado a fin de sancionar a quienes alteren, destruyan o retiren elementos de identificación de animales con la finalidad de obstaculizar la acción de la justicia.

La modificación presentada por la Comisión de Justicia en voz de la diputada EdnaXóchitl Contreras Herrera, incorpora al artículo 316 de la norma referida una fracción V, para establecer que a quien herre, modifique, destruya o retire los fierros, marcas o señales, aretes oficiales o elementos electromagnéticos autorizados, registrados o no por la autoridad estatal, que sirvan para identificar la propiedad de semovientes, equinos o animales domésticos, se le aplicará prisión de uno a cinco años, y la pena se agravará hasta en un tercio cuando sea cometida por un servidor público.

De acuerdo a lo expuesto, con esta reforma se busca atender un vacío legal que puede dificultar la identificación de los propietarios de animales involucrados en accidentes o hechos delictivos, particularmente cuando de manera deliberada se eliminan las señales que permiten establecer su procedencia.

Actualmente el artículo 316 contempla una sanción para quien, después de la comisión de un delito que se persiga de oficio, oculte, destruya, altere o inutilice vestigios, efectos o instrumentos del mismo con la intención de impedir su descubrimiento, sin embargo, la reforma establece de manera expresa el supuesto relacionado con los elementos de identificación de los animales y fija una sanción autónoma de mayor severidad, atendiendo a las características específicas de dicha conducta.

Agregó que este tipo de conductas pueden trascender el daño material, ya que en determinados casos los accidentes provocados por animales pueden ocasionar lesiones o incluso la pérdida de vidas humanas, por ello la necesidad de fortalecer la protección de bienes jurídicos como la vida, la integridad física, el patrimonio y la procuración de justicia.

Por último, destacó que el incremento de la pena responde a la necesidad de fortalecer la política criminal frente a conductas que pueden obstaculizar la investigación de hechos que hayan puesto en riesgo o afectado la vida y la integridad de las personas.

Cabe destacar que la iniciativa que dio origen a la reforma, fue presentada por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PAN.